¿Quién procede?

Desde el 2008 muchos han sido los escritos presentados por SAF en el Ministerio de Seguridad de la Provincia (a Stornelli y Casal) solicitando considerar la situación del comisario Pérez, quien, entendíamos, era parte del problema y no de la solución.

Sin duda que lo insostenible no tiene otro final que no sea la caída. Nunca entendimos por qué a Pérez se lo ha mantenido tanto tiempo en su cargo. Aunque por ahora desconocemos las modificaciones en la operatoria, era necesaria una reforma en la cuestión.

La política de Estado respecto a la problemática a nivel nacional, desde hace muchos años va erróneamente por un solo camino: asegurarse los 90 minutos del evento deportivo. Para eso se arregla con los barras bravas en los días previos para que no haya problemas en los partidos durante el fin de semana. Rubén Pérez es uno de los que defendió esta política, siendo además un ferviente protector de estos grupos violentos y mafiosos, a tal punto de verse involucrado en varias causas en la Justicia Penal por su empecinamiento en encubrirlos.

Darle identidad a los barras bravas no es la solución, sino por el contrario, lo es velar por el derecho de  igualdad del que habla nuestra Constitución Nacional y ésta debería ser respetada en todo el territorio argentino, que, hasta donde sabemos, incluye a los estadios de fútbol. 
Siempre nos hemos preguntado ¿Cómo saben los organismos de seguridad cual es la barra brava “oficial’ de cada club?

Hoy en la mayoría de los clubes hay más de una facción de las barras bravas y nada tiene que ver la pasión, como expresa nuestra presidente, sino que son antagónicas por el dinero espurio que manejan y es ahí en donde contrariamente a encontrar una solución se profundiza el problema, porque en vez de desarmar a estas mafias organizadas, es el propio Estado, a través del organismo de seguridad, el que al relacionarse con el jefe de la barra brava oficial, toma partido por uno de estos bandos delictivos,  y se transforma en cómplice.

Pero contradictoriamente a la hora de aplicar el Derecho de Admisión a integrantes de estos grupos se nos explica que “es imposible reconocerlos”.  Así es como han llegado a convencer de la necesidad del sistema biométrico de identificación para el ingreso a los estadios, para lo cual se necesita gastar muchísimo dinero, como sucedió en su momento con las cámaras de seguridad. Las mismas son una de las herramientas fundamentales con la que se cuenta en los estadios desde hace varios años, pero por distintas razones, casualmente, nunca funcionan como se debe. Más allá de los adelantos tecnológicos, SAF recuerda que en estos últimos meses, una nueva dirigencia de uno de los clubes con mayor historia en nuestro fútbol logró alejar a los violentos con voluntad política, demostrando que no es necesaria tanta parafernalia ni tanto gasto para ese fin.

Lo ideal hubiera sido constituir desde el Ministerio de Seguridad una agencia a nivel nacional para que se genere un cambio profundo y coherente, pero por ahora, para la unificación de criterios en todos los estadios del país, seguiremos esperando.

Con respecto a la creación de esta agencia provincial, somos escépticos. Ojalá nos equivoquemos pero todo supone, o al menos por ahora, que es sólo un cambio de nombres, como ha sucedido anteriormente con la SUBSEF, por la Unidad de Coordinación dependiente del  Ministerio de Seguridad de la Nación. Cambiaron a Paladino por Blanco pero nada cambió sino por el contrario, seguimos padeciendo muertes y situaciones inimaginables en los clubes respecto a la violencia del futbol.  Por eso un cambió de nombre no dice nada y por ahora lo del gobernador Scioli es solo eso.

Sin duda que esperamos que este sea el comienzo de un verdadero cambio. El tiempo lo dirá. Por el momento, los  fallecidos y los cientos de heridos de la violencia del fútbol esperan Justicia y por fin, un proyecto coherente. ¿Sucederá alguna vez?